CONTRA
LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA
SANIDAD UNIVERSAL.
Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y una organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.
En Abril de 2012 el Gobierno aprobó
el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia
sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación
vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones
y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años
después el balance no puede ser más negativo:
- Tras la
aplicación del RDL, al menos 873000 personas en España perdieron el
derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos
de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de
protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano
viene contribuyendo a su financiación mediante los
impuestos.
-La diferente
aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de
criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros
sanitarios ha deteriorado aún más la
cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención
sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.
-Incluso en
aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención
(embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos
de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
-El desplazar la atención a las
urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las
patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención.
Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria
similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con
una atención inclusiva.
-La exigencia de
firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en
urgencias y otros impedimentos para el
acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura
de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la
vida de las personas, tal como
organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en
Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.
- A pesar de
que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria
para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta
las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención,
vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles.
Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas
para evitar la aparición de nuevos casos y/o
el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o
inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones
no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva.
- En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de
la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se
había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y
medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables,
provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de
las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está
demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento
de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general
del sufrimiento.
- Resulta
preocupante el posible impacto de género
del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres
migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta
la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia
en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres
humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de
restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el
derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son
las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad
económica.
-Varios organismos de Naciones
Unidas y del Consejo de Europa han subrayado
que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han
dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar
el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente
de su situación administrativa. Asimismo,
le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos
de derechos humanos, y le han recordado que
las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones
fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas
recomendaciones.
-Por su parte,
el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el
derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas
afectadas…, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del
conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco
constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un
eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni
comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha
publicado ningún cálculo al respecto.
Ante esta
situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar
una nueva Ley de Sanidad:
*Que nazca de un amplio consenso con las diversas
fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas
*Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente.
*Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.
Madrid 30 de Septiembre de 2014